La exclusión del proceso de justicia y paz por delito posterior

La presente publicación se divide en cuatro capítulos. En el primero, se hará referencia principalmente a cómo los jueces transicionales interpretaron cuál era la figura jurídica procedente para la salida de los desmovilizados del trámite de la Ley 975 de 2005 y los vacíos existentes en esta. Dentro de esta primera parte, los requisitos de elegibilidad ocupan un lugar relevante, ya que constituyen una posibilidad para que los destinatarios de la ley excepcional sean expulsados del proceso. En el segundo capítulo, se brindará una definición del término "exclusión" y se diferenciará de la terminación anticipada del proceso con exclusión de la lista de postulados, describiendo el procedimiento correspondiente. También se presentará un panorama de lo que expuso la jurisdicción en relación con el estudio de la cláusula por delito posterior, con el objeto de contextualizar al lector sobre la inadmisión de excepciones. A continuación, se tratará brevemente la reactivación del trámite, ya que existe un caso muy interesante que conlleva al debate sobre la eventualidad de que un postulado pueda volver al procedimiento transicional. En el tercer capítulo, se hará especial referencia a la evolución jurisprudencial de la causal por delito posterior y, en concreto, se destacarán los salvamentos de voto de una de las magistradas integrantes de la sala de decisión del Tribunal de Justicia y Paz, que sugiere una propuesta diferente de análisis sobre la citada cláusula, la cual será tomada en cuenta en una de las providencias. Estos pronunciamientos incidieron en que la Corte Suprema de Justicia se ocupara de hacer una modulación a dicha causal. Así, se estudiarán dos elementos principales del cambio de criterio jurisprudencial: la entidad del delito cometido y el cumplimiento restante de los compromisos de los postulados con la jurisdicción. En particular, este capítulo se referirá al impacto que tiene la excepcionalidad en la objetividad de la causal por delito posterior al momento de valorar la finalización del acuerdo transicional. En el cuarto y último capítulo, se analizarán dos aspectos: primero, si existe afectación a los derechos de las víctimas como resultado de la terminación del procedimiento transicional, y segundo, la resocialización, al ser un fin esencial del trámite. Finalmente, a modo de conclusiones, se hará una breve referencia a los aspectos más relevantes de cada capítulo, intentando sintetizar algunos de los problemas suscitados y las soluciones brindadas por la jurisdicción.